Amnistía Internacional levantó una alerta “mundial”, en la que pide que se ponga “fin de inmediato” al proyecto ley “que pone en riesgo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger a las víctimas de violaciones de #ddhh en Venezuela”.
El proyecto de ley al que se referencia Amnistía, es el que promueve la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, que podría ilegalizar a varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país.
“Si se aprueba este proyecto de ley, todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Las medidas incluyen la divulgación de información sobre su financiamiento, personal y gobierno, y violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus beneficiarios en grave riesgo de criminalización y represalias”, advirtió Amnistía.
Este 25 de enero, en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias, la directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet), Victoria Capriles, dijo que este proyecto de ley “criminaliza” el trabajo de los defensores de derechos humanos y va en contra de lo que establecen los organismos internacionales.
“Lo que se busca es que las organizaciones tengan que declarar de dónde provienen los recursos que utilizan y de no hacerlo, serán sometidas a sanciones. Esto va en contra del artículo 13 de la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dice que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a solicitar y utilizar recursos con el objeto de promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales”, aseguró Capriles.